Memoria anual 2025 elaborada por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

1. ¿De qué trata la iniciativa?
Se trata de la presentación de la Memoria Anual 2025 elaborada por la Autoridad Independiente de Protección del Informante. El informe cumple con la obligación establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que denuncian infracciones normativas y la lucha contra la corrupción. Su objetivo es dar cuenta de la actividad, resultados y estadísticas de la autoridad durante el año 2025.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• Presentación: La memoria fue remitida al Congreso en cumplimiento del mandato legal.
• Debates y comisiones: No se registran debates parlamentarios, enmiendas ni intervenciones de comisiones en los documentos proporcionados.
• Votaciones: No consta ninguna votación asociada a la presentación de la memoria.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
No existen datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni registros de apoyo o rechazo por parte de partidos o grupos parlamentarios. La iniciativa consiste en la entrega de un informe técnico, no en una proposición legislativa sujeta a votación.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
Según la información disponible, la Memoria Anual 2025 ha sido entregada al Congreso y se encuentra en trámite de recepción y archivo. No se ha reportado ninguna resolución formal que la apruebe, rechace o archive.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
La entrega de la memoria cumple con una obligación de transparencia y rendición de cuentas establecida por la Ley 2/2023. Su incorporación al expediente parlamentario permite que los legisladores y la ciudadanía dispongan de información sobre la labor de la autoridad de protección del informante, pero no genera un efecto legislativo directo (no modifica normas ni crea nuevas leyes). En caso de que el Congreso requiera observaciones o propuestas de mejora, podrían iniciarse futuros debates o reformas legislativas relacionadas con la protección de denunciantes.