Comparecencia de don Alfredo Diaz-Araque Moro, Director gerente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con la Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda

1. De qué trata la iniciativa
La proposición de Ley busca introducir medidas administrativas y procesales que refuercen la seguridad jurídica en la ordenación territorial y urbanística, con el objetivo de facilitar el impulso del desarrollo urbano y la generación de vivienda. Entre sus focos están la agilización de licencias, la simplificación de trámites, la mejora de la colaboración público‑privada, la industrialización de la construcción y la revisión de la fiscalidad aplicable a la promoción y adquisición de vivienda.

2. Qué ha ocurrido en su trámite

• 15 de septiembre de 2026: la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana celebró una comparecencia en la que Alfredo Díaz‑Araque Moro, director‑gerente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), informó sobre la proposición de Ley y expuso los problemas que, según el sector, limitan la oferta de vivienda (inseguridad jurídica, lentitud de licencias, falta de suelo, carencia de financiación para infraestructuras, escasez de mano de obra cualificada, etc.).
• Durante la sesión los grupos parlamentarios interpelaron al compareciente sobre la industrialización de la construcción, la colaboración público‑privada, la actualización del Código Técnico de Edificación, la fiscalidad, la disponibilidad de suelo y la capacidad de la red eléctrica.
• No se presentó ninguna enmienda ni se realizó votación en esta fase; la comparecencia tuvo carácter informativo y sirvió para recoger opiniones y preguntas de los diferentes grupos.

3. Apoyos y rechazos recibidos
No se llevó a cabo votación formal. Sin embargo, se observó un amplio consenso entre la mayoría de los grupos (PP, PSOE, VOX, Junts, SUMAR) sobre la necesidad de mejorar la seguridad jurídica y acelerar los procedimientos. Las divergencias se concentraron en la extensión de la colaboración público‑privada, la fiscalidad y la valoración ideológica de la reforma; el Grupo Republicano y algunos miembros de la izquierda manifestaron críticas más pronunciadas.

4. Estado actual de la iniciativa
La proposición de Ley permanece en trámite dentro de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Hasta la fecha no ha sido aprobada ni rechazada; se espera que, tras el período de información y debate, la comisión elabore un informe y, en su caso, presente enmiendas para su posterior votación en el Pleno del Congreso.

5. Importancia del resultado dentro del proceso legislativo
El avance de la iniciativa es un paso preliminar. Si la comisión emite un informe favorable y el Pleno del Congreso aprueba la proposición, el texto pasará al Senado para su examen. Sólo después de la posible aprobación en ambas cámaras y la promulgación por el Rey, la medida podría convertirse en ley y, por tanto, en instrumento para modificar los procedimientos urbanísticos y fomentar la construcción de vivienda. En la actualidad, la iniciativa está todavía en fase de discusión y no ha producido efectos legislativos.