Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta

El presente documento recoge el debate parlamentario para la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta (expediente 130/000053).

Argumentos principales a favor de la convalidación:

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Cuerpo Caballero, presentó el Real Decreto-ley, destacando que busca dar una respuesta urgente a la difícil situación de Ceuta tras la crisis de finales de julio. Subrayó que la ciudad, que antes de la crisis mostraba dinamismo económico, sufrió un impacto significativo, especialmente en los barrios periféricos. El decreto moviliza 309 millones de euros en cuatro meses (equivalente al 16% del PIB anual de Ceuta) y se estructura en cuatro ejes:

1. Refuerzo de servicios públicos: Con más de cien sanitarios, ayudas directas para la planta desaladora, limpieza, seguridad, y personal de extranjería y justicia.
2. Seguridad: 90 millones para reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el ejército.
3. Acogida: 118 millones, de los cuales 62 millones se destinan a la financiación de la atención a menores y más de 50 millones para incrementar la capacidad de acogida de adultos, acelerar tramitaciones y recuperar espacios públicos.
4. Apoyo a autónomos y empresas: 80 millones, incluyendo 36,6 millones en ayudas directas gestionadas por la Agencia Tributaria (5.000 euros para autónomos y entre 10.000 y 150.000 euros para empresas), 14 millones para el pequeño comercio y turismo (a través de la Cámara de Comercio, con bonos al consumo y subvenciones al transporte), y 2 millones para dinamización. Además, se incluyen medidas estructurales permanentes, extensibles a Melilla, como el incremento de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades del 50% al 60% y en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 50% al 75%, aplicables a la mayoría de actividades económicas, incluida la construcción, y a contratos anteriores al RDL 1/2023. También se anunció una línea de avales ICO de 50 millones de euros. El ministro apeló a la responsabilidad institucional para convalidar el decreto.

Los grupos que manifestaron su apoyo a la convalidación fueron:

• Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Valido García): Apoyó el decreto por la necesidad de que el Estado no falle ante una situación excepcional, aunque expresó dudas sobre si las ayudas serían suficientes y señaló que el problema de Ceuta es también de seguridad y libertades, no solo económico.
• Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Velarde Gómez - Podemos): Indicó que no se opondrían a las ayudas, pero consideró el decreto insuficiente por no poner el foco en la clase trabajadora y la periferia de Ceuta, demandando recursos públicos permanentes y una mayor inversión en las barriadas.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV - Sra. Sagastizabal Unzetabarrenetxea): Votó a favor, destacando la necesidad de una respuesta inmediata del Estado y la importancia de los 309 millones. Condicionó su apoyo a la rapidez, sencillez administrativa y transparencia en la llegada de las ayudas, y pidió una visión de futuro para Ceuta que considere su posición estratégica y el desarrollo económico de Marruecos.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu (Sr. Iñarritu García): Anunció su apoyo al decreto, considerándolo un paso en la dirección correcta, aunque criticó la "mala gestión" inicial de la crisis, el excesivo gasto en seguridad frente a la atención humanitaria y la militarización de la ciudad. También reprochó al Gobierno la falta de claridad sobre la implicación de Marruecos y a otros partidos por usar la crisis para la oposición.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Sra. Ogou i Corbi): Apoyó el decreto como una medida para proteger a las personas, los servicios públicos y la economía de Ceuta. Criticó a la derecha por "boicotear" y "alimentar el odio". Demandó una partida económica para el traslado de solicitantes de protección internacional a la península, vías legales y seguras para la migración, el fin de la externalización de fronteras y una actuación más rápida del Estado.
• Grupo Parlamentario Socialista (Sra. Corujo Berriel): Defendió el decreto como una muestra de que "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" con humanidad, solidaridad y lealtad institucional. Resaltó las medidas de apoyo a empresas, autónomos, servicios públicos y empleo, y criticó al Partido Popular y VOX por su "política de crispación" y por oponerse a estas ayudas.

Argumentos principales en contra de la convalidación:

• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (Sr. Cruset Domènech): Calificó el decreto como la "factura de un fracaso político" y una "reparación de emergencia" por la incapacidad del Gobierno para prevenir la crisis. Acusó al Gobierno de no actuar a tiempo a pesar de las advertencias del CNI y la Guardia Civil, y de proteger a Marruecos. Expresó su rechazo a que los errores de la política migratoria del Estado se trasladen a Cataluña, exigiendo el traspaso integral de las competencias de inmigración a la Generalitat.
• Grupo Parlamentario VOX (Sr. Figaredo ÁlvarezSala): Se opuso al decreto, calificando la situación de Ceuta como una "invasión" y un "acto de guerra híbrida" de Marruecos, que el Gobierno permitió a pesar de las advertencias. Acusó al Gobierno de priorizar los intereses de Marruecos y de mentir sobre las ayudas, afirmando que el decreto es "mentira" y que las ayudas directas son "ridículas" (14 millones en lugar de 80). Demandó la devolución inmediata de los "invasores" a Marruecos y criticó la inacción del Gobierno.
• Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Sr. Marí Bosó): Criticó al Gobierno por su inacción inicial y por presentar un "enésimo plan" lleno de "propaganda" que no garantiza la seguridad ni la vuelta a la normalidad. Afirmó que no se trata de una crisis migratoria, sino de una "invasión" y un "ataque híbrido" de Marruecos. Cuestionó la eficacia de las medidas, comparándolas con planes anteriores supuestamente mal gestionados, y señaló errores en el diseño de las bonificaciones a la Seguridad Social.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

Hubo un amplio acuerdo para la convalidación del Real Decreto-ley, con la mayoría de los grupos parlamentarios votando a favor, aunque varios de ellos expresaron matices y críticas sobre la gestión de la crisis, la suficiencia de las medidas o la necesidad de un enfoque más estructural y social. Los grupos Junts per Catalunya, VOX y el Partido Popular manifestaron un claro desacuerdo con la gestión del Gobierno y el contenido del decreto, considerándolo insuficiente o una respuesta tardía a un fracaso político.

Resultado de la votación:

El Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, fue convalidado por 304 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones. Posteriormente, se aprobó su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con 345 votos a favor.

Sí, el Real Decreto-ley 22/2026 ha sido convalidado y se ha acordado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.